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viernes, 24 de marzo de 2017

CONTINÚA LA PERSECUCIÓN SISTEMÁTICA CONTRA LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS, rechaza la estigmatización, el asedio y persecución sistemática contra las lideresas y líderes  Defensores de Derechos Humanos en el Sur de Bolívar.
En un hecho sin precedentes y cuando se encontraba precisamente en un Foro de Participación Política en Barrancabermeja donde participan diferentes Organizaciones Sociales e Instituciones del Estado, miembros de la Sijín interrumpen el recinto donde supuestamente llevaban una orden de captura contra la líder Agraría Arisolina Quintero Rojas de la Mesa de Interlocución y Acuerdo del sur de Bolivar, corregimiento Micoahumado del municipio de Morales e integrante del congreso de los pueblos, Arisolina Quintero Rojas, hecho que fue rechazado por los defensores de derechos humanos y asistentes del evento quienes no permitieron que este se llevara a cabo, realizando interlocución con los agentes de la Sijín que llegaron a realizar el procedimiento.
Un contundente rechazo hacen las organizaciones de la región  ante  este hecho que se  suma  a las recientes capturas de líderes y defensores de Derechos Humanos  en el sur de Bolívar.
Se realizaron el día 22 de Marzo 12 Capturas de Lideres Sociales, Agrarios, Populares y de Derechos Humanos los cuales fueron trasladados a la ciudad de Cartagena, estos lideres son:
En Arenal (Bolívar): Isidro Alarcón Bohórquez, José David Jaimes Lemus, Nubia Gomez Jaimes, Félix Muñoz Mañara, Milena Quiroz.
En Morales - Vereda Mico Ahumado (Bolívar): Jhon Visaje, Kelly Zabaleta
En Tiquisio (Bolívar): Luz Gabriela, Euclides Flores, Manuel Francisco Zabaleta Centeno, Floro Edilberto Díaz
Y en Bucaramanga (Santander): Jean Carlos Mora Martínez.
A estos líderes y lideresas los acusan de  ser de la red de apoyo de la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional, esto evidencia aún más la falta de garantías políticas y sociales para que los defensores de derechos humanos  y las organizaciones sociales ejerzan su labor en la construcción y consolidación de la Paz en nuestros territorios. Ademas que todas estas acciones se realizan mientras se avanza en la consolidación del Proceso de Paz con las FARC- EP y el inicio de los Dialogos con el ELN.
Hacemos un llamado para que se adopten medidas de seguridad eficaces para garantizar la vida y la seguridad de las integrantes de las organizaciones sociales, sindicales, populares y de todos los Defensores de Derechos Humanos en la región. 

Cumplir con las recomendaciones hechas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en materia de Derechos Humanos.

Hacer seguimiento a los hechos denunciados y reiterar el llamado al Gobierno Colombiano para que garantice la vida, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos de la región del Magdalena Medio.

A las organizaciones humanitarias y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, estar alertas y continuar acompañándonos en estos esfuerzos por construir democracia y defender la vida de nuestros defensores de Derechos Humanos.


Barrancabermeja 23 de marzo de 2016
Corporación Regional Para la Defensa de los Derechos






lunes, 6 de marzo de 2017

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA


“Cuando el Estado a través de sus gobernantes, instituciones y funcionarios reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de Terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.”


Los crímenes de Estado son homicidios, torturas, desapariciones, genocidios, violaciones graves a los derechos humanos producidas por funcionarios/agentes del estado.

El conflicto armado interno que vive Colombia desde hace más de medio siglo, ha dejado miles de víctimas de crímenes de Estado. Durante la vigencia del Estatuto de Seguridad nacional, al finalizar la década de 1970, fueron detenidas y torturadas por militares más de 5.000 personas tan sólo en Bogotá y según un informe del Ministerio de Defensa, más de 60.000 fueron detenidas por militares durante el primer año de la administración Turbay Ayala. Entre 1965 y 1986 fueron expedidos 42 decretos que facultaban a los tribunales militares para procesar a civiles.

Según Amnistía Internacional, desde 1986 hasta finales de 1993, 20.000 personas han perdido la vida por motivos políticos, la mayoría de ellas a manos de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó, “que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente al Ejército entre los años 2004 y 2008. Durante los dos primeros años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se registraron más de 5.000 detenciones arbitrarias, de manera masiva. Entre 2002 y 2005, más de 800 sindicalistas fueron asesinados.
La región del magdalena medio no ha escapado de acciones criminales por parte del gobierno y sus instituciones militares. En Barrancabermeja se han cometido 30 masacres en 15 años, en los últimos 28 años la desaparición en Barrancabermeja de 359 personas, 24.025 expulsados y la llegada de 43.479 desplazados, Los datos de la oficina regional de la Unidad de Víctimas señalan que, en la ciudad y en 20 municipios más del Magdalena Medio, el conflicto ha dejado 58.930 víctimas, de las cuales 5.000 fueron asesinadas y 45.000, desplazadas. Durante el 2015 y el 2016 se cometieron dos ejecuciones extrajudiciales en el municipio de San Pablo, Departamento de Bolívar por parte de la fuerza de tarea Marte adscrita a la Quinta Brigada.

La inmensa mayoría de las víctimas de estos crímenes del Estado han sido campesinos, pobladores, comunidades indígenas y afrodescendientes, miembros de organizaciones sociales, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos, periodistas y opositores políticos. Movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos de oposición. El caso del genocidio de la Unión Patriótica es el ejemplo más aberrante de persecución y exterminio que ha vivido el pueblo colombiano y en particular la oposición política en Colombia.

El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos  y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron y refrendaron en dos ocasiones un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En la actualidad el congreso de la republica vive un proceso legislativo mediante la figura del Fast Track para crear la nueva institucionalidad que lleve al cumplimiento e implementación de los acuerdos. Por otro lado el inicio de los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) nos da esperanzas al pueblo colombiano de vivir por fin el fin de la guerra.

La construcción de la paz en los territorios y la implementación de los acuerdos pasa por lograr las garantías plenas al goce efectivo de los derechos humanos, las garantías de no repetición y el reconocimiento del estado como actor responsable de graves violaciones a los Derechos Humanos y a los Crímines de Estado.  Los acuerdos y su implementación deben ser un instrumento para que la impunidad no siga acampando en nuestro país, para que la justicia brille a favor de las víctimas y de todas y todos los colombianos adémas que sirva de vehículo para la reconciliación. Debe crearse e implementarse inmediatamente todos los mecanismos de protección que establecen los cuerdos como son: La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y de los Avances en el Desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política,  siendo necesario adoptar las medidas que se contemplan en el presente Acuerdo para garantizar integralmente este propósito como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos sean estos civiles o militares, igualmente a los empresarios, gremios y otros actores sociales que en connivencia con los gobiernos colombianos instauraron y financiaron crímenes de lesa humanidad contra la población en nuestro país.

NO MAS IMPUNIDAD, QUEREMOS LA VERDAD, LA JUSTICIA Y EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES.

QUE EL ESTADO, EL GOBIERNO Y SUS INTITUCIONES RESPONDAN POR LOS CRIMENES DE ESTADO.

QUEREMOS UN PAIS CON GARANTIAS DE NO REPETICION, RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y SIN GUERRA.

QUEREMOS CONSTRUIR LA PAZ EN NUESTRO TERRITORIOS.



  Barrancabermeja, Marzo 6 del 2017.

CORPORACION REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CREDHOS.

JUNTA DIRECTIVA.