“Cuando
el Estado a través de sus gobernantes, instituciones y funcionarios reprime a
la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a
dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la
opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de Terrorismo de Estado, que
es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados,
torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido
proceso.”
Los
crímenes de Estado son homicidios, torturas, desapariciones, genocidios,
violaciones graves a los derechos humanos producidas por funcionarios/agentes
del estado.
El
conflicto armado interno que vive Colombia desde hace más de medio siglo, ha
dejado miles de víctimas de crímenes de Estado. Durante la vigencia del
Estatuto de Seguridad nacional, al finalizar la década de 1970, fueron
detenidas y torturadas por militares más de 5.000 personas tan sólo en Bogotá y
según un informe del Ministerio de Defensa, más de 60.000 fueron detenidas por
militares durante el primer año de la administración Turbay Ayala. Entre 1965 y
1986 fueron expedidos 42 decretos que facultaban a los tribunales militares
para procesar a civiles.
Según
Amnistía Internacional, desde 1986 hasta finales de 1993, 20.000 personas han
perdido la vida por motivos políticos, la mayoría de ellas a manos de las
fuerzas armadas y los grupos paramilitares.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó, “que más de 3.000
personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales,
atribuidas principalmente al Ejército entre los años 2004 y 2008. Durante los
dos primeros años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se registraron más de
5.000 detenciones arbitrarias, de manera masiva. Entre 2002 y 2005, más de 800
sindicalistas fueron asesinados.
La región
del magdalena medio no ha escapado de acciones criminales por parte del
gobierno y sus instituciones militares. En Barrancabermeja se han cometido 30 masacres en 15 años, en los
últimos 28 años la desaparición en Barrancabermeja de 359 personas, 24.025
expulsados y la llegada de 43.479 desplazados, Los datos de la oficina regional
de la Unidad de Víctimas señalan que, en la ciudad y en 20 municipios más del
Magdalena Medio, el conflicto ha dejado 58.930 víctimas, de las cuales 5.000 fueron
asesinadas y 45.000, desplazadas. Durante el 2015 y el 2016 se cometieron dos
ejecuciones extrajudiciales en el municipio de San Pablo, Departamento de Bolívar
por parte de la fuerza de tarea Marte adscrita a la Quinta Brigada.
La
inmensa mayoría de las víctimas de estos crímenes del Estado han sido
campesinos, pobladores, comunidades indígenas y afrodescendientes, miembros de
organizaciones sociales, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos,
periodistas y opositores políticos. Movimientos sociales, sindicatos y partidos
políticos de oposición. El caso del genocidio de la Unión Patriótica es el
ejemplo más aberrante de persecución y exterminio que ha vivido el pueblo
colombiano y en particular la oposición política en Colombia.
El
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron y
refrendaron en dos ocasiones un “Acuerdo general para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En la actualidad el
congreso de la republica vive un proceso legislativo mediante la figura del
Fast Track para crear la nueva institucionalidad que lleve al cumplimiento e
implementación de los acuerdos. Por otro lado el inicio de los acuerdos con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) nos da esperanzas al pueblo colombiano de
vivir por fin el fin de la guerra.
La construcción de la paz en
los territorios y la implementación de los acuerdos pasa por lograr las
garantías plenas al goce efectivo de los derechos humanos, las garantías de no
repetición y el reconocimiento del estado como actor responsable de graves
violaciones a los Derechos Humanos y a los Crímines de Estado. Los acuerdos y su implementación deben ser un
instrumento para que la impunidad no siga acampando en nuestro país, para que
la justicia brille a favor de las víctimas y de todas y todos los colombianos
adémas que sirva de vehículo para la reconciliación. Debe crearse e
implementarse inmediatamente todos los mecanismos de protección que establecen
los cuerdos como son: La Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Comisión
de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y
de los Avances en el Desmantelamiento de organizaciones criminales y de
todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, siendo necesario
adoptar las medidas que se contemplan en el presente Acuerdo para garantizar
integralmente este propósito como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y
determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos sean estos civiles o
militares, igualmente a los empresarios, gremios y otros actores sociales que
en connivencia con los gobiernos colombianos instauraron y financiaron crímenes
de lesa humanidad contra la población en nuestro país.
NO
MAS IMPUNIDAD, QUEREMOS LA VERDAD, LA JUSTICIA Y EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES.
QUE
EL ESTADO, EL GOBIERNO Y SUS INTITUCIONES RESPONDAN POR LOS CRIMENES DE ESTADO.
QUEREMOS
UN PAIS CON GARANTIAS DE NO REPETICION, RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y SIN
GUERRA.
QUEREMOS CONSTRUIR LA PAZ EN NUESTRO TERRITORIOS.
Barrancabermeja, Marzo 6 del 2017.
CORPORACION
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CREDHOS.
JUNTA
DIRECTIVA.
